El régimen de Sánchez
Cabe preguntarse si es moralmente razonable y lícito olvidar y esfumar jurídicamente hechos muy graves que el Rey Felipe, en su histórico discurso del 3 de octubre del 2017, condenó con firmeza
En la lógica «sanchista», ya lo ha demostrado otras veces, el fin justifica los medios utilizados por más aberrantes, indecentes e incluso de dudoso encaje legal que sean. Ninguno de los once ministros, también el propio Sánchez, que hasta después del 23-J, incluso, rechazaban la amnistía para los separatistas procesados se ruborizan ahora cuando defienden lo contrario.
Los principios y los escrúpulos los dejaron hace tiempo en el desván donde se acumulan algunas de las indignidades e infamias desde que Sánchez se instaló en la Moncloa. La democracia declina en favor de la consolidación de un régimen iliberal que seguirá en manos de un tipo tramposo, con inclinaciones autocráticas, que ha conseguido, aun derrotado, legitimarse en las urnas al impedir por solo cuatro escaños la mayoría alternativa liderada por Feijóo que le hubiera enviado a la oposición y a su casa.
Muchos de los que le votaron a pesar de sus incumplimientos, falsedades y mentiras para frenar la llegada de Vox al Gobierno de la mano del PP, se justifican con la excusa de que no le prestaron su voto para que amnistiara a Puigdemont.
Es la prueba irrefutable de que la inocencia no está reñida con la estupidez cuando se trata de renovarle la confianza a un político ayuno de principios. Esos millones de votantes, incluidos los dirigentes históricos socialistas que rechazan la amnistía y critican sus intenciones, estaban más que advertidos sobre la catadura moral del candidato al que respaldaron otra vez en las urnas.
Sin embargo, nada de lo que dice y hace le saldría gratis a él y a sus ministros, si no contaran con el favor de una batería mediática de amplio y largo alcance en radios, televisiones, periódicos impresos y digitales, en Madrid y Barcelona sobre todo, que a diario trabajan con entusiasmo para la causa «sanchista» en editoriales, artículos de opinión y tertulias, defendiendo la amnistía con el mantra repetitivo de que la Constitución no la prohíbe expresamente y por tanto no sería inconstitucional.
Los mismos medios que antes ponderaban el rechazo a esa amnistía por parte de Sánchez y sus ministros, porque no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico y supondría acabar con el Poder Judicial, la justifican al no estar vetada en la Carta Magna.
Esto me lleva a recordar el símil del perro y el oso con el que mi admirado Joaquín Moeckel, letrado sevillano, desmonta la falacia: como en bares, restaurantes, y en general en los establecimientos públicos, hay carteles en los que específicamente se prohíbe la entrada de perros pero no de osos, cabe deducir que se impide la entrada de los canes pero no de los plantígrados.
En todo caso no debería ser el debate jurídico, al que nos quieren conducir las terminales mediáticas del «sanchismo» y sus leguleyos cuentistas, tipo Javier Pérez Royo, sobre la cabida o no de la amnistía en la Constitución, el que se anteponga al debate moral y político de tan infame decisión.
El debate estriba en si debemos aceptar como justa y legítima una medida de gracia que dinamita la igualdad de los españoles ante la ley; declara inmunes frente al Derecho a ciudadanos que malversaron dinero público; desobedecieron la legalidad constitucional; alteraron el orden público y se sublevaron contra la Carta Magna.
¿Es aceptable en democracia una suerte de ley de «punto final», que pervierte la seguridad jurídica y deslegitima la acción de la justicia y del Tribunal Supremo que juzgó y condenó los hechos delictivos que ahora Sánchez pretende borrar con su medida de gracia a Puigdemont, a cambio de sus votos?
Y cabe preguntarse si es moralmente razonable y lícito olvidar y esfumar jurídicamente hechos muy graves que el Rey Felipe, en su histórico discurso del 3 de octubre del 2017, condenó con firmeza contra unos sediciosos que «pretendieron quebrar la unidad de España y la soberanía nacional» tras vulnerar de manera sistemática la legalidad democrática y demostrar «una deslealtad inasumible hacia los poderes del Estado».
Ha declarado Alfonso Guerra a Carlos Herrera en COPE su indignación y rebeldía ante lo que hará Sánchez. Ha dicho que la amnistía condena la Transición y que no va a poder soportarlo. Algo más tendrá que hacer él y el resto de exdirigentes históricos del PSOE que rechazan la medida para frenar la ambición e intenciones de quien está decidido a convertir esta democracia en su régimen rindiendo el Estado de derecho, como apunta, a las exigencias de un delincuente. Un régimen blindado por un Tribunal Constitucional de mayoría «sanchista» que ya ha dado alguna muestra sospechosa de entregarse a su causa.
